Publicado 18/04/2022
El contralor general de Perú dijo el martes (11 de enero de 2022) que su oficina halló que 7.740 funcionarios y servidores públicos de diversas entidades estatales a nivel nacional cometieron presuntos actos de corrupción en 2021 con un perjuicio preliminar al Estado de 625 millones de dólares.
Nelson Shack, jefe del control de los bienes y recursos públicos de Perú, dijo: “hay miles de funcionarios corruptos en el Estado que no pueden estar, pero están; hay decenas de miles de funcionarios incompetentes, ineficientes, inútiles, que no deberían estar, pero están”.
Con los informes de control posterior, bajo la modalidad de Auditorías de Cumplimiento y Servicios de Control Especifico, la Contraloría ha identificado 15.526 responsabilidades: 8.514 son administrativas, 3.706 son civiles y 3.306 son de índole penal.
Entre estas responsabilidades, la Contraloría General de la República detectó en una auditoría de cumplimiento a PetroPerú un perjuicio equivalente a S/ 1115 millones por la demora en la contratación de servicios y ejecución de unidades auxiliares y trabajos complementarios de la nueva Refinería de Talara.
Por ese motivo, la contraloría imputó la responsabilidad administrativa en 44 personas, entre funcionarios y exfuncionarios de PetroPerú.
“No cabe demanda penal (sobre los imputados) porque no hemos investigado si ha habido corrupción o no, no hemos investigado eso, pero sí la Procuraduría efectuará las respectivas demanda civiles”
Nelson Shack
Explicó que para determinar si ha existido sobrevaloración se requiere una auditoría de cumplimiento no al proceso de contratación para la construcción de las unidades auxiliares y trabajos complementarios, sino al proceso de ejecución contractual.
Shack informó que dicha auditoría se realizará una vez que se terminen los trabajos, en el marco del control integral dispuesto sobre la Refinería de Talara al ser proyecto de inversión más importante del país.
“Eso será a mediados del 2022, por tanto estimamos que durante el 2023, la Contraloría va a desarrollar una auditoría de cumplimento para ver estos temas y también estábamos pensando una auditoría de desempeño para analizar el proceso decisional y si fue una buena idea invertir tantísima plata en una obra de esta naturaleza”
Nelson Shack
Ese sentido, Shack señaló que se trata de la primera de las tres auditorías de cumplimiento que se realizarán a PetroPerú por el proyecto de modernización de la Refinería de Talara, el cual data del gobierno del expresidente Ollanta Humala.
Detalló que la modernización se estimó inicialmente con una inversión de 1300 millones de dólares pero que a la fecha está costando más de 5700 millones de dólares.
Shack indicó que los jueces y fiscales tienen “una gran tarea” para sancionar a los funcionarios presuntamente corruptos. “Sin sanción efectiva no hay posibilidad de luchar efectivamente contra la corrupción. La lucha contra la corrupción sin sanción es utópica”, durante su balance anual.
El contralor indicó que su oficina no tiene suficiente personal para analizar las 35.000 obras en ejecución y los casi 50.000 procesos de contratación de bienes y servicios que se realizan con dinero público en todo Perú durante un año. “Sólo vemos hasta el 15% de todas las transacciones”, dijo.
Muchos de los actos corruptos ocurren a nivel municipal en los más de 1.800 municipios de todo el país, donde el control central no llega. La contraloría tiene 3.400 auditores para 3.600 entidades sujetas a control. “No tenemos ni siquiera un auditor para poner en cada entidad”, dijo Shack. “La corrupción es un problema estructural del Perú, igual que la ineficiencia”, comentó.
Este y miles de casos de corrupción al interior de las empresas puede ser prevenido con un programa efectivo de Compliance.
Una empresa necesita incorporar períodos regulares de revisión y auditorías. Además, debe buscar aportes de expertos en la materia que pueden mitigar riesgos.
Un proceso manual puede volverse problemático rápidamente si una empresa no tiene suficientes recursos de empleados o no puede acceder a información relevante y actualizada.
Por lo tanto, las empresas deben hacer uso de terceros especializados que puedan automatizar los controles, respaldar las investigaciones y garantizar un seguimiento continuo de los riesgos.
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