Ahora todas las empresas en Perú recibirán sanción por delitos de sus ejecutivos
Las compañías también podrán ser responsables de delitos tributarios, aduaneros y contra el patrimonio cultural. Tener buen modelo de prevención ya no las eximirá automáticamente de investigación fiscal y proceso judicial.
Las empresas tendrán menos margen para evitar ser investigadas y sancionadas por casos de corrupción y otros delitos en las que resulten involucradas.
El Pleno del Congreso aprobó una norma que modifica la ley 30424 que regula la responsabilidad administrativa de las empresas en procesos penales.
Uno de los cambios realizados es la incorporación de más delitos que atribuyen más responsabilidad a las empresas. La regulación todavía vigente considera los delitos de corrupción (cohecho), lavado de activos, tráfico de influencias, colusión o financiamiento del terrorismo.
La norma aprobada añade la contabilidad paralela; omisión de comunicación de operaciones o transacciones sospechosas a la UIF; el rechazo retardado y falsedad en el suministro de información, así como delitos contra el patrimonio cultural, aduaneros, tributarios y de terrorismo.
Más delitos
Los delitos recogidos por el Congreso no son todos los que planteo el proyecto original del Poder Ejecutivo, porque consideraron que algunos de ellos no tenían un sustento adecuado señalo a Gestión Teresa Tovar, socia del Estudio Echecopar
Estimo sin embargo que la tendencia en el mediano y largo plazo será la de ir incorporando más delitos.
Opinó que otras modificaciones en la nueva norma también endurecen la legislación respecto a la responsabilidad que se otorga a las empresas involucradas en los delitos ya mencionados.
Así refirió que según la ley actual las empresas pueden ser eximidas de una investigación fiscal si la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV) determina mediante un informe técnico que ha implementado un modelo de prevención de delitos adecuado y sólido.
Daños a reputación
Con la nueva norma, el informe de la SMV ya no será vinculante, sino que será un medio probatorio más que tomaran en cuenta fiscales y jueces para evaluar durante el proceso judicial si las empresas son responsables o no de casos de corrupción u otros delitos cometidos por sus colaboradores.
Entonces, una empresa, pese a tener un buen modelo de prevención, igual tendrá que enfrentar una investigación fiscal y un proceso judicial con los consiguientes costos y daños a la reputación.
Detalló que otro cambio que complica el escenario para las empresas es el que establece que no se les eximirá de responsabilidad de un delito si este fue cometido por socios, directores, administradores, representantes legales uo apoderados y, en general, por un ejecutivo con capacidad de control
Preocupación
*Hay preocupación en las empresas porque basta que un apoderado cometa un delito para que eso implique que ya no se les pueda eximir de responsabilidad, pese a tener un buen modelo de prevención*, dijo.
Se eliminaría así buena parte de los incentivos que tiene las empresas para luchar contra la corrupción y afectara el sistema de prevención de delitos, opinó.
En el mejor de los casos, la multa se podría reducir en un 90% luego del proceso judicial, afirmó
Asimismo, la norma modifico el cálculo de las multas a las empresas halladas responsables. Hoy se tiene una escala más objetiva para determinarla, señalo la experta.
Licencias
En la resolución recién aprobada, cuando se pueda determinar el monto del beneficio obtenido por el delito la multa impuesta no debe ser menor al doble ni mayor 6 veces a dicho importe.
En los otros casos la multa irá de S/46,000 a S/46 millones, dependiendo de la valoración que haga el juez, sin perjuicio de otras sanciones que pueda imponer, como la inhabilitación para contratar con el Estado, limitación de ciertas actividades, cancelación licencias, suspensión de actividades o incluso la disolución de la compañía.
Compañías intensificarán capacitación de apoderados
Las empresas tendrán que preocuparse para enfrentar los cambios en la ley que regulan su responsabilidad administrativa, estimó Teresa Tovar.
Considero que las tres principales tareas pendientes que tienen son revisar sus matrices de riesgos ante la incorporación de nuevos delitos; intensificar la capacitación para sus altos ejecutivos, representantes legales y apoderados en políticas de prevención; y documentar las acciones realizadas para implementar modelos adecuados de prevención de delitos.
Tovar destacó que según la norma aprobada, ahora las empresas deberán alegar ante el fiscal que tiene un modelo de prevención, y este recién pedirá que la SMV lo evalúe. Para ello la SMV tendrá la facultad de requerir información, realizar visitas y hacer entrevistas.
Fuente: Periódico Gestión de Perú
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